Defender al INE – Democracia en peligro


marzo 31, 2020
Autor: Juan de Dios Barba
Presidente
Comisión Nacional para el Desarrollo Democrático
COPARMEX – Confederación Patronal de la República Mexicana

En 2018 fuimos llamados a las urnas cerca de 89 millones de ciudadanos, de quienes poco más de la mitad (45 millones) tenían menos de 39 años; es decir, nacieron de 1980 en adelante y arribaron a la mayoría de edad (requisito legal para votar en México) en 1998, en el mejor de los casos. ¿Por qué es relevante este dato? Veamos.

En 1929 se creó el Partido Nacional Revolucionario (PNR), que cambió su nombre a Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y luego se convirtió en el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Apenas en 1997, casi 70 años después, la oposición política fue mayoría en la Cámara de Diputados. Antes de eso, el PRI fue un régimen hegemónico.
Esto significa que la mitad de la población en edad de votar en el proceso de 2018, en el que resultó ganador Andrés Manuel López Obrador, jamás conoció más allá de unos cuantos relatos en libros de política e historia (que por cierto no están acostumbrados a leer) lo que es vivir en un régimen autoritario, hegemónico, controlador, unipersonal en muchos casos, con mayoría en las cámaras legislativas para hacer y deshacer leyes, con elecciones controladas por el gobierno en turno, sin boletas con medidas de seguridad, tinta indeleble, sin Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), etc. No saben lo que es un “fraude electoral” a la “vieja escuela”, con robo de urnas, quema de boletas, autoridades electorales a modo. En fin, no vivieron aquello que tanto luchamos por erradicar, esfuerzo de muchos ciudadanos y organizaciones civiles e incluso gremiales, como la propia COPARMEX.

Justo después de las controvertidas elecciones de 1988, ante el reclamo por transparentar los procesos electorales y el descrédito del gobierno como autoridad electoral, previa reforma a la Constitución Política del país, en octubre de 1990 se creó el Instituto Federal Electoral (IFE), aún controlado por el régimen en turno a través del secretario de Gobernación. En 1994 se llevó a cabo un proceso de “ciudadanización” integrando la figura de Consejeros Ciudadanos (en 1996 su nombre cambió a Consejeros Electorales); su primer presidente fue José Woldenberg, en el periodo 1996-2003. El consejo estaba integrado por nueve personas, nombradas por la Cámara de Diputados.
Estos primeros Consejeros Electorales fueron electos por unanimidad, con el consenso de todos los partidos políticos; la existencia del IFE, transformado en 2014 en el Instituto Nacional Electoral (INE), ha garantizado procesos electorales más transparentes y creíbles. Tan es así que hemos sido partícipes de tres “transiciones políticas de gobierno” en menos de veinte años. Se dice fácil, pero pocos países lo han logrado.
¿Por qué es importante repasar lo anterior? En la actualidad presenciamos un embate contra los órganos reguladores y autónomos. Tal parece que el nuevo gobierno quiere destruir todo aquello que lo limite en el ejercicio del poder político o que estorbe a sus intenciones, aprovechando las mayorías legislativas del partido en el gobierno, lo cual no sucedía desde hace un par de décadas.

En los últimos treinta años, los mexicanos nos dimos instituciones que fortalecieron el estado de derecho, la protección de los derechos humanos, la autonomía del banco central, la equidad en materia de competencia, la vigilancia en áreas estratégicas de la economía; en resumen, CONTRAPESOS al poder público, que hoy se pretende desarticular.
El INE no es la excepción: los ataques continuos a su presidente, al papel desempeñado por el IFE en 2006 y la descalificación de la opinión de los Consejeros Electorales que no coinciden con el gobierno actual son solo una muestra de este esfuerzo. La actual conformación del INE se decidió en 2014. Hubo renovación parcial de tres Consejeros Electorales en 2017, y ahora, en 2020, toca el turno de sustituir a cuatro consejeros, que concluyen su periodo a principios de abril.
La convocatoria inicial enviada por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (JUCOPO) a las fracciones parlamentarias fue un primer intento de manipular el proceso, con muchas lagunas y haciendo prevalecer la intención de la JUCOPO de intervenir directamente en la selección, imponiendo condiciones al Comité Técnico de Evaluación (CTE), que precisamente revisará la idoneidad de los candidatos que se presenten.

Gracias al decidido rol de vigilancia asumido por un amplio frente de organizaciones de la sociedad civil, incluyendo a la COPARMEX, actuando de manera coordinada o individual, con el apoyo de académicos expertos en el tema y haciendo un cabildeo efectivo, e incluso reclamando a los partidos de oposición que asumieran su rol como tales; en búsqueda de consensos, sí, pero también de equilibrios, el pasado jueves 13 de febrero la JUCOPO emitió una nueva convocatoria que incluyó muchos de los puntos exigidos por la sociedad, incorporando además, en estos nuevos tiempos, la obligada “equidad de género”.
Ahora bien, para algunos ha pasado desapercibida la importancia de la conformación del CTE, cuyos siete integrantes (designados dos por el INAI, dos por la CNDH y tres por la propia JUCOPO) tienen la enorme responsabilidad de revisar y validar la información de los candidatos a ser Consejeros Electorales, evaluar si reúnen los requisitos establecidos, si aprueban el examen y si pasan la entrevista para, por último, conformar las quintetas de las que saldrán los cuatro nuevos Consejeros Electorales. Por eso es relevante estar atentos y vigilantes del proceso de designación de los integrantes del CTE; el INAI ya ha designado a dos personas reconocidas por su capacidad y solvencia; para el 26 de febrero lo habrán hecho la CNDH y la JUCOPO; de sus designaciones dependerá la solvencia del proceso de selección de candidatos. Exigimos, por tanto, que estas siete personas sean capaces técnicamente, con experiencia y sustento académico, y sobre todo, que sean ajenas a los intereses partidistas. El plazo de recepción de documentos de los aspirantes a Consejeros Electorales corre del 18 al 28 de febrero del año en curso, y en ese mismo término iniciará su labor el CTE.